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La legislación relativa al ecocidio ha entrado hoy en vigor como parte del nuevo Código Penal de Bélgica (artículo 94, libro II), lo que supone el paso definitivo en un proceso parlamentario que ha llevado varios años.

El Gobierno croata ha anunciado sus planes de introducir, mediante un nuevo artículo (214a), el delito de ecocidio —dirigido contra las formas más graves de destrucción del ambiente— en el Código Penal del país.

En una rueda de prensa celebrada en el Parlamento, los parlamentarios Fabio Porta y Debora Serracchiani del Partido Democrático pidieron que se modificara el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir el crimen de ecocidio.

Dos de los principales partidos políticos de Alemania, el Partido de Izquierda (Die Linke) y los Verdes (Bündnis 90/Die Grünen), han pedido que Alemania vaya más allá del Proyecto de Reforma de la legislación penal ambiental propuesta por el Gobierno Federal en mayo de 2026, que transpone la nueva Directiva Europea sobre delitos ambientales , y que se introduzca explicitamente el ecocidio como un delito autónomo en la normativa nacional.

El martes 9 de junio, el Senado argentino dio un significativo paso, que el movimiento ambiental venía reclamando desde hace años: las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable aprobaron el dictamen del proyecto de ley que tipifica el ecocidio y otros delitos ambientales graves. Si el texto avanza en el “Recinto” y luego en la Cámara de Diputados, Argentina contará por primera vez con un capítulo específico de crímenes contra el ambiente dentro del Código Penal, que incluiría el ecocidio.

La Declaración de Santiago, firmada en el V Encuentro de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, reconoce los avances hacia la criminalización del ecocidio y llama a los Estados a profundizarlos.

En el congreso del Partido Socialdemócrata de Finlandia (SDP) de este año, se ha adoptado a la criminalización del ecocidio como una de las políticas del partido.

Un informe publicado recientemente y respaldado por el Gobierno libanés documenta los daños causados a los bosques, las tierras agrícolas, los ecosistemas marinos, los recursos hídricos y la calidad del aire como consecuencia de la actividad militar en 2023 y 2024.

Mauricio se ha convertido en el último país que ha tipificado el ecocidio como delito en su legislación nacional.

En medio de la creciente preocupación por la devastación ambiental causada por la minería ilegal, conocida localmente como "galamsey", se han realizado llamamientos en el Parlamento de Ghana para que se apruebe una ley que tipifique el ecocidio como delito.

Shina Ansari, Vicepresidenta de Irán y Jefa del Departamento de Medio Ambiente del país, ha calificado los ataques contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo en Teherán como una “clara manifestación de ecocidio”.

Legisladores de Filipinas han presentado un nuevo proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio como un delito, lo que supone un paso importante hacia una mayor protección de los ecosistemas y las comunidades del país.

El Parlamento escocés ha votado a favor de impulsar el Proyecto de Ley sobre ecocidio, lo que sitúa a Escocia en camino de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito la destrucción grave del ambiente.

En un comunicado oficial conjunto, los Ministerios de Agricultura y Ambiente del Líbano han calificado como un “ecocidio” el hecho de que aviones militares israelíes estén rociando sustancias químicas sobre regiones del sur del país.

En un amplio paquete de reformas presentado ante el presidente John Dramani Mahama, el Comité de Revisión de la Constitución de Ghana ha propuesto tipificar el ecocidio como delito nacional, afirmando lo siguiente:

En la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Comisión Climática de la Cuenca del Congo (CBCC) manifestó su firme apoyo al reconocimiento del ecocidio como delito internacional.

El senador Cédric Ngindu Biduaya, de la República Democrática del Congo, ha presentado formalmente una Proposición de Ley en el Parlamento nacional para tipificar el ecocidio como delito penal interno, lo que supone un paso decisivo hacia el fortalecimiento de la protección jurídica de los ecosistemas en todo el país y la cuenca del Congo.

El Ministerio Federal de Justicia alemán ha publicado un proyecto de reforma de su legislación penal en materia medioambiental, dando así un primer paso para transponer a la legislación nacional la Directiva de la UE sobre delitos medioambientales.

Una declaración conjunta aprobada en el 21.º Foro Mundial de Grupos Principales y Partes Interesadas (GMGSF-21) ha instado a que el ecocidio se reconozca como delito a nivel nacional e internacional.

El 5 de diciembre se presentó formalmente en el Parlamento de la India un Proyecto de Ley que propone la tipificación del ecocidio como delito.

En un paso histórico para la Corte Penal Internacional, la Fiscalía (OTP) ha publicado un documento de política integral dedicado íntegramente al daño ambiental, lo que supone un cambio notable en la forma en que la justicia internacional abordará los daños ecológicos.

El Consejo de Europa ha abierto a la firma su nuevo Convenio para la protección del medioambiente a través del Derecho Penal, un instrumento histórico que permite a los Estados perseguir las conductas intencionadas que provocan desastres ambientales "equiparables al ecocidio".

En la ceremonia inaugural de la COP30 sobre cambio climático en Belém, Félix Tshisekedi, Presidente de la República Democrática del Congo (RDC), reafirmó el apoyo de su país a la propuesta formal de Vanuatu, Fiyi y Samoa de modificar el Estatuto de Roma y reconocer el ecocidio como un crimen internacional independiente.

La ley sobre el ecocidio se planteó en tres ocasiones durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el impacto ambiental de los conflictos armados y los riesgos para la seguridad derivados del clima, lo que demuestra la creciente atención diplomática prestada a la tipificación de la destrucción masiva del ambiente como crimen internacional.

La Declaración Mundial de la Juventud de 2025, que representa a miles de jóvenes de más de 100 países, ha pedido que se aprueben leyes contra el ecocidio para exigir responsabilidades a las empresas y a los Estados por la destrucción del medio ambiente.

El Foro de ONG celebrado con antelación a la 85.ª sesión ordinaria de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha aprobado una resolución de la sociedad civil en la que se insta a la Comisión a apoyar el reconocimiento del ecocidio.

Representantes de todos los partidos no gubernamentales de Suecia han presentado proyectos de ley de iniciativa parlamentaria en los que se pide que el ecocidio se tipifique como delito internacional.

En su Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Abu Dabi, la UICN —la red medioambiental más grande del mundo— ha votado a favor de aprobar la Moción 061, «Reconocimiento del delito de ecocidio para proteger la naturaleza».

Una coalición de organizaciones de la sociedad civil ghanesas ha lanzado un llamamiento urgente al presidente John Dramani Mahama para que adopte medidas inmediatas contra lo que describen como un «ecocidio» en curso provocado por la minería ilegal de oro (galamsey).

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, ha confirmado públicamente el apoyo del Gobierno a la inclusión del ecocidio como quinto delito fundamental en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Colegio de Abogados de Lima ha situado el reconocimiento jurídico del ecocidio en el centro de su máxima distinción cívica, otorgando la Medalla Cívica del Derecho a Jojo Mehta y Rodrigo Lledó Vásquez, de Stop Ecocide International.

En un discurso histórico pronunciado ante el 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la República Democrática del Congo, reafirmó el apoyo oficial de su país al reconocimiento del ecocidio como delito en virtud del Estatuto de Roma.

La Comisión Parlamentaria de Medio Ambiente, Clima y Fauna Silvestre de Zimbabue ha iniciado una investigación oficial en respuesta a una petición del defensor del medio ambiente Emmanuel Nkosilathi Moyo, en la que se insta al país a tipificar como delito el ecocidio.

En un dictamen consultivo histórico, la Corte Internacional de Justicia ha aclarado que los Estados tienen obligaciones jurídicas vinculantes de proteger el sistema climático y el medio ambiente, prevenir los daños, cooperar a nivel transfronterizo y proporcionar reparaciones.

En la reunión AMCEN20, la República del Congo y la República de Burundi declararon formalmente su apoyo al reconocimiento del ecocidio como un crimen.

Los ministros de Medio Ambiente africanos han acordado formalmente incluir el ecocidio entre las prioridades medioambientales del continente para el bienio 2025-2027; es la primera vez que un foro de la ONU reconoce el ecocidio como una prioridad estratégica continental.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha publicado su Opinión Consultiva sobre la emergencia climática y los derechos humanos, en la que afirma que la prevención de daños irreversibles al medio ambiente y al clima constituye una norma de jus cogens.

Argentina ha dado un paso más hacia la tipificación como delito de las formas más graves de destrucción medioambiental, tras la presentación por parte de la senadora Edith Terenzi de un proyecto de ley integral sobre el ecocidio ante el Senado —la tercera iniciativa legislativa que se está debatiendo actualmente—.

Una declaración multipartidista de la 73.ª reunión de la COSAC ha reconocido por primera vez el ecocidio como una posible incorporación al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El consejero sardo Francesco Cozzolino ha presentado en el Consejo Regional de Cerdeña un proyecto de ley integral titulado «Normas para la prevención y la represión del ecocidio».

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la diputada dominicana Llaniris Espinal presentó un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio, con penas de hasta 20 años de prisión, la restauración medioambiental obligatoria y sanciones económicas.

El principal partido político de Suecia, los socialdemócratas, ha decidido oficialmente impulsar una ley internacional sobre el ecocidio.

Escocia está a punto de convertirse en la primera nación del Reino Unido en tipificar como delito el ecocidio, en virtud de un nuevo proyecto de ley presentado en Holyrood por la diputada Monica Lennon.

La Misión Permanente del Estado de Palestina ante el Reino de los Países Bajos ha calificado oficialmente la destrucción medioambiental en Gaza como «ecocidio», convirtiéndose así en el primer actor a nivel estatal en utilizar explícitamente este término en relación con Gaza.

La diputada Teremuura Kohumoetini-Rurua ha presentado un proyecto de ley en la Asamblea de la Polinesia Francesa, con el apoyo de 20 colegas, cuyo objetivo es tipificar como delito el ecocidio.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Perú ha publicado un proyecto de ley unificado para tipificar como delito el ecocidio, en el que se consolidan tres propuestas anteriores en un único instrumento legislativo.

El Consejo de Europa ha aprobado un tratado histórico que tipifica como delito una amplia gama de infracciones medioambientales y permite a los Estados perseguir judicialmente las conductas intencionadas que provoquen catástrofes medioambientales «equivalentes a un ecocidio».

Un nuevo dictamen jurídico del Dr. Stephan Sina solicitado por Stop Ecocide Deutschlanddescribe cómo Alemania podría transponer la nueva Directiva Europea sobre delitos ambientales a su legislación nacional, centrándose en los daños ambientales graves “comparables al ecocidio”.

El Congreso Sindical de Nigeria (NLC) —la mayor federación sindical de África, que representa a más de seis millones de trabajadores— ha pedido públicamente que se reconozca el ecocidio como delito internacional en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta clara postura alinea al NLC con el creciente impulso mundial para tipificar como delito los daños medioambientales más graves, un impulso impulsado ahora, en parte, por el liderazgo africano. En septiembre de 2024, Vanuatu, Samoa y Fiyi presentaron formalmente una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma con el fin de incluir el ecocidio; posteriormente, la República Democrática del Congo se convirtió en la primera nación africana en apoyar la enmienda.

En una decisión histórica, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el órgano deliberativo de la principal organización de derechos humanos de Europa, ha aprobado una resolución en la que respalda el proyecto de Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Si los Estados miembros lo aprueban y ratifican, el Convenio se convertiría en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que tipificaría como delito la destrucción grave y a gran escala del medio ambiente —«una conducta que muchos denominan ecocidio»—.

El 11 de abril de 2025, la diputada Zakia Khattabi, anterior Ministra Federal de Medio Ambiente y miembro del partido francófono Ecolo, presentó en el Parlamento de la Región de Bruselas-Capital una proposición de ley destinada a tipificar el daño ambiental grave como delito general.

El 1 de abril de 2025, la Diputada Margarita Stolbizerr presentó un amplio Proyecto de Ley dedicado a los delitos ambientales, que incluye un Capítulo sobre el delito de ecocidio, utilizando la definición elaborada por el Panel de Expertos Independientes convocado en 2021 por la Fundación Stop Ecocidio.

El principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha apoyado una petición ciudadana para tipificar el ecocidio como delito a nivel nacional. La petición se presentó al Parlamento el 28 de noviembre de 2023, tras acumular cerca de 29.000 firmas manuscritas.

El Partido Verde alemán (Bündnis 90/Die Grünen) ha incluido en su programa electoral de 2025 (pág. 55) un compromiso para aplicar de forma consistente en Alemania la nueva Directiva europea de protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, así como para prevenir los crímenes ambientales más graves (los ecocidios) mediante la enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El miércoles 12 de febrero se presentó la Ecocide Law Advisory (ELA), una iniciativa conjunta del UCLA Law Promise Institute Europe y Climate Counsel destinada a ofrecer asesoramiento jurídico especializado, formación y apoyo en la redacción y aplicación de leyes sobre ecocidio.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2024, la Asamblea General de la Asociación de las Naciones Unidas de Alemania (DGVN, por sus siglas en alemán), máximo órgano de decisión de la asociación, aprobó una moción de apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional en la Corte Penal Internacional (CPI).

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó un dictamen para tipificar como delito el ecocidio, incorporando elementos clave de la definición legal consensuada del Panel de Expertos Independientes de 2021. Este importante paso para añadir el ecocidio al Código Penal espera ahora la aprobación del Pleno del Congreso y la promulgación presidencial para convertirse en ley.

Se ha presentado en el Parlamento escocés un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio. Presentado por la diputada Monica Lennon y para cuya tramitación se requiere el respaldo de al menos 18 diputados, el proyecto de ley tiene por objeto prevenir y tipificar como delito las formas más graves de daño medioambiental. Si se aprueba, Escocia se convertiría en el primer país del Reino Unido en tipificar el ecocidio como delito nacional y se erigiría como líder mundial en el ámbito, en rápido crecimiento, del derecho del ecocidio.

La RDC se convierte en la primera nación africana que respalda formalmente la creación de un crimen internacional de ecocidio, tras la propuesta de septiembre de 2024 de los del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

La República de Azerbaiyán ha aprobado una Ley que modifica su Código Penal nacional, e incorpora el delito de ecocidio.

El Parlamento de Azerbaiyán, el Milli Majlis, ha aprobado en primera lectura de un Proyecto de Ley que introduciría el delito de ecocidio en el Código Penal del país. Propuesto por el Presidente Ilham Aliyev, el Proyecto de Ley pretende imponer penas privativas de libertad de 10 a 15 años a los condenados por cometer graves daños medioambientales.

NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado oficialmente la propuesta de crimen de ecocidio, lo que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen bajo la ley internacional.

Según laEncuesta Mundial sobre los Bienes Comunes 2024realizada por Ipsos REINO UNIDO y encargada por Earth4All y la Alianza Mundial de los Comunes (GCA), el 72% de la población de los países del G20 considera que las formas más graves de daño ambiental -que cada vez más son denominadas ecocidio- deberían ser un crimen.

El jueves 5 de septiembre, el Congreso de la República del Perú convocó a una Comisión Técnica para examinar una propuesta destinada a tipificar como delito el ecocidio en el Código Penal nacional. El nuevo texto legislativo consolida tres proyectos de ley presentados recientemente al Congreso e incorpora los principales elementos de la definición jurídica consensuada de ecocidio, formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021.

En un nuevo informe, la Agence Française de Développement (AFD), la Agencia Francesa para el Desarrollo, identifica la Ley del Ecocidio y los derechos de la naturaleza como "palancas" clave para reorientar las prioridades económicas del mundo hacia el bienestar medioambiental y humano.

Ésta sería la tercera vez que el Foro Social de la Asamblea a de la ONU pide la adición de un nuevo crimen autónomo de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La primera vez fue en marzo de 2022 en la 5ª Asamblea de la ONU sobre el Medioambiente, celebrada en Nairobi ("UNEA 5.2"), y la segunda vez, en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6, por sus siglas en inglés), celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.

El proyecto de ley se presenta a raíz de la revisión de la Directiva de Delitos contra el Medio Ambiente de la Unión Europea, que ahora incluye delitos comparables al ecocidio. Esta Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a adaptar su legislación nacional a la nueva normativa en los próximos dos años.

El 27 de mayo, el congresista Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, presentó un segundo proyecto de ley de ecocidio, y el 30 de junio, la congresista Ruth Luque, del partido Cambio Democrático, presentó el tercero.Tras la presentación del primer proyecto de ley por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, el 16 de mayo, el Parlamento peruano cuenta ya con tres proyectos de ley de ecocidio.

En su respuesta a la iniciativa de Tuhatkunta, la Junta del PNC también afirmó que el ecocidio no siempre ha sido definido de forma uniforme, pero citó la relevancia de la definición consensuada del Panel de Expertos Independientes de la Fundación Stop Ecocidio (p. 84).

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que representa a una comunidad mundial de 352 iglesias y 580 millones de cristianos, ha emitido una enérgica declaración en la que pide a las iglesias y los gobiernos del mundo que apoyen la legislación contra el ecocidio, y hace hincapié en el papel de la biodiversidad para preservar el bienestar humano y garantizar la resistencia del planeta a los impactos climáticos.

En una rueda de prensa celebrada el jueves 30 de mayo, dos diputados y una diputada de tres partidos políticos federales de Canadá, Patrick Weiler (Liberal), Alexandre Boulerice (NDP) y Elizabeth May (Verde), afirmaron su apoyo a la inclusión del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.

En un discurso pronunciado en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reafirmó su apoyo a que el delito de ecocidio entre dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). En este discurso de amplio alcance, el Alto Comisionado pidió que los delitos medioambientales se consideraran al mismo nivel que las repercusiones en las personas de otras atrocidades y que los Estados utilizaran el derecho penal «de forma más amplia» como herramienta para armonizar sus leyes y políticas medioambientales con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El 15 de mayo de 2024, el Parlamento sueco (Riksdag) sometió a votación un total de seis mociones, presentadas por cuatro partidos políticos, que contienen propuestas para que el ecocidio quede prohibido en virtud del Derecho internacional en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI). La votación en el Parlamento estuvo reñida: 153 diputados votaron siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.

En un discurso pronunciado el 27 de mayo en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan, expuso argumentos de amplio alcance a favor de actualizar y adaptar el marco vigente del Derecho penal internacional —incluido el Estatuto de Roma— para proteger mejor el medio ambiente. Ampliando su reflexión sobre el hecho de que el Estatuto de Roma es «un reflejo de la imaginación jurídica» de la época en que se creó, Khan señaló: «Me pregunto: si el Estatuto de Roma se redactara hoy, ¿cómo sería? ¿Incluiría el ecocidio como delito internacional independiente?».

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha publicado un informe en el que se ofrece una visión general de la situación mundial en materia de «protección de la población civil en los conflictos armados» en 2023. Tras señalar que, hasta la fecha, solo unos pocos Estados han tipificado el ecocidio como delito, el secretario general destaca la «necesidad de tipificar el delito de ecocidio a nivel internacional» (párrafo 45).

El diputado Américo Gonza, miembro del partido Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso peruano, ha presentado un proyecto de ley en el que se propone modificar el Código Penal del Perú para incluir el delito de ecocidio. El proyecto de ley, en el que se señala que la definición consensuada de ecocidio del Grupo de Expertos Independientes goza de «amplia aceptación a nivel internacional», propone una pena privativa de libertad de entre siete y veinte años para este delito.

El 18 de abril de 2024, el brazo parlamentario del Consejo de Europa adoptó la Resolución 2546: «Hacia las estrategias del Consejo de Europa para que los mares y océanos estén sanos para contrarrestar la crisis climática».

En vísperas de las elecciones, se ha realizado una encuesta a los partidos políticos flamencos y valones sobre una serie de temas. La encuesta, llevada a cabo por una coalición de organizaciones ecologistas belgas, incluía una pregunta sobre el apoyo a la modificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir un nuevo delito de ecocidio.

El Consejo Europeo ha adoptado formalmente una nueva directiva sobre delitos medioambientalesque incluye disposiciones para penalizar casos "comparables al ecocidio".

La ciudad de Utrecht, representada por la concejala Linda Voortman, ha firmado el Manifiesto «Stop Ecocide NL», que insta al Gobierno neerlandés a apoyar el reconocimiento del ecocidio como delito a nivel internacional, europeo y nacional.

La Declaración Global Conjunta de los Grupos Principales y las Partes Interesadas (Declaración Global Conjunta), presentada en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), afirmaba que trabajar «para lograr el reconocimiento universal del ecocidio como delito internacional» serviría como «un poderoso elemento disuasorio» frente a los daños medioambientales más graves.

En una carta abierta publicada por Aktuell Hallbarhet, y coincidiendo con la votación en el Parlamento Europeo de una directiva actualizada sobre delitos medioambientales, seis directores generales, entre ellos Jenny Rundbladh, del gigante de las pensiones SPP, pidieron que se tipificara el delito internacional de ecocidio en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El 20 de febrero de 2024, un grupo de diputados finlandeses de Los Verdes, entre los que se encontraba la ex ministra del Interior Maria Ohisalo, presentó una pregunta formal por escrito al gobierno, interesándose por las intenciones de la administración de promover el establecimiento de un nuevo crimen internacional autónomo de ecocidio a través de la Corte Penal Internacional.

Destacados miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, académicos, empresas y ONG han respondido a una consulta pública organizada por la Fiscalía de la CPI, en la que se pide que se introduzca un nuevo delito de ecocidio en el Estatuto de Roma.

Presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, la carta «Al-Mizan: Un pacto por la Tierra» ha sido redactada por destacados ecoteólogos y profesionales islámicos de todo el mundo. La carta establece un marco islámico integral sobre la responsabilidad ecológica y moral, insta a la acción colectiva para la protección de nuestro planeta y afirma: «La enormidad del delito de ecocidio —la extirpación de ecosistemas enteros y de comunidades de especies, incluida la nuestra— se aprecia mejor al considerar los horrores del genocidio —la extirpación de etnias y culturas—. […] Este tipo de corrupción de la Tierra aún no ha sido reconocido, juzgado ni sancionado en la legislación nacional e internacional».

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva directiva sobre delitos medioambientales, que incluye disposiciones para tipificar como delito los casos «comparables al ecocidio». El Parlamento Europeo, junto con el ponente del Parlamento para esta directiva, el eurodiputado neerlandés Antonius Manders, ha estado al frente de los esfuerzos para garantizar una nueva legislación de la UE destinada a prevenir y castigar los daños medioambientales más graves desde que, en marzo de 2023, anunciara su apoyo a la inclusión del «ecocidio» en la nueva directiva. Para completar su tramitación legislativa, la nueva directiva se someterá a votación en el Consejo Europeo, prevista para marzo de 2024.

El Parlamento Federal de Bélgica ha votado hoy a favor de un nuevo código penal para el país que, por primera vez en Europa, incluye el reconocimiento del delito de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el nuevo delito de ecocidio, cuyo objetivo es prevenir y sancionar los casos más graves de degradación medioambiental —como los vertidos masivos de petróleo—, se aplicará a las personas que ocupan los más altos cargos de responsabilidad y a las empresas.

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre las Consecuencias Medioambientales de la Guerra de Ucrania ha publicado un nuevo informe titulado «El Pacto Medioambiental para Ucrania». El informe destaca la presencia del delito de «ecocidio» en el Código Penal de Ucrania (artículo 441), señala el reciente aumento de la incorporación de este delito en la legislación nacional de todo el mundo y hace especial referencia a la definición de ecocidio formulada en 2021 por el Grupo de Expertos Independientes.

El jueves 18 de enero, el Parlamento de Cataluña escuchó las intervenciones de ONG, colectivos sociales y expertos sobre un proyecto de ley destinado a incorporar el delito de ecocidio al Código Penal nacional de España.

El 10 de diciembre de 2023, la Coalición para la Justicia Penal Internacional (CICJ) emitió un comunicado en el que instaba a los Estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) a crear un Grupo de Trabajo Especial sobre el ecocidio.

El informe «Global Tipping Points» de 2023 ha sido elaborado por el Centro de Sistemas Globales de la Universidad de Exeter y cuenta con la colaboración de 200 autores y 25 instituciones. El informe señala la Ley del Ecocidio como uno de una serie de «puntos de inflexión positivos» en los ámbitos de la tecnología, la economía y la sociedad que ofrecen esperanza ante el colapso de los sistemas del mundo natural.

El «Proyecto de Ley sobre el Ecocidio», presentado como proyecto de ley de iniciativa parlamentaria por la baronesa Rosie Boycott, tiene por objeto subsanar una laguna existente en el Derecho penal del Reino Unido que permite a los autores de los daños medioambientales más graves eludir su responsabilidad.

La UE ha acordado tipificar como delito una nueva infracción destinada a sancionar los delitos más graves contra el medio ambiente. El texto definitivo es fruto de varios meses de negociaciones («trílogos») entre el Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento, en los que se ha estudiado, entre otras cosas, la creación de un «delito calificado» destinado a prevenir y sancionar los daños medioambientales más graves, incluidos, tal y como se especifica en los considerandos adjuntos, «casos comparables al ecocidio».

La diputada Monica Lennon ha presentado en el Parlamento escocés una propuesta de ley de iniciativa parlamentaria en la que pide a la ciudadanía que apoye una ley de prevención del ecocidio que podría acarrear penas de cárcel de entre 10 y 20 años para los grandes contaminadores.

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados del Congreso brasileño aprobó el proyecto de ley nº 2933/2023, que pretende penalizar los casos más graves de destrucción ilegal o arbitraria del medio ambiente, conocidos como "ecocidio". Este proyecto de ley ha sido redactado y presentado por el partido PSOL y apoyado por una coalición de organizaciones entre las que se encuentran Ecoe Brasil, Climate Counsel, Observatório do Clima y Stop Ecocidio Internacional.

En su última reunión, celebrada en Oslo (Noruega), el Consejo Nórdico aprobó por unanimidad una recomendación en la que se insta a «los gobiernos nórdicos a participar en los debates internacionales pertinentes para tipificar como crimen los delitos graves contra el medioambiente, tanto en tiempos de guerra como de paz».

El 17 de agosto se publicó en Chile una nueva ley, la Ley 21.595. Esta modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos económicos e incorpora un nuevo capítulo sobre «Delitos contra el medio ambiente», que incluye varios elementos de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Grupo de Expertos Independientes, convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021.

El papa Francisco ha publicado «Laudate Deum», una exhortación apostólica en la que insta a los gobiernos a asumir su responsabilidad ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Como continuación de su «Laudato Sí» de 2015, el papa Francisco destaca el origen indiscutiblemente humano de la emergencia climática mundial y aboga por una mayor cooperación internacional para controlar el deterioro del medio ambiente. El papa Francisco fue también el primer jefe de Estado, en 2019, en apoyar públicamente la inclusión del ecocidio como delito bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La Alianza de los Verdes y la Izquierda (Alleanza Verdi e Sinistra), con el apoyo de Stop Ecocidio Italia y Stop Ecocide International, ha presentado ante el Parlamento italiano un proyecto de ley destinado a prevenir y tipificar como delito el ecocidio. El proyecto de ley, que se basa directamente en la redacción de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021, se ha presentado formalmente al Parlamento, y está previsto que el debate y las votaciones tengan lugar en los próximos meses.

En su discurso de apertura de la 54.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se mostró a favor de la inclusión del delito internacional de «ecocidio» en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respaldada por la ONU, como posible medida para garantizar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, y afirmó: «Varios Estados y grupos de la sociedad civil han propuesto la inclusión del delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acojo con satisfacción que se estén considerando esta y otras medidas para ampliar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional».

El Grupo de Trabajo sobre los Mercados de la Naturaleza, una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Nature Finance, con sede en Ginebra, que trabaja en el ámbito de las políticas públicas y el mundo financiero para «armonizar las finanzas mundiales con resultados resilientes al cambio climático, positivos para la naturaleza y equitativos», ha publicado su informe detallado titulado «Making Nature Markets Work». El informe recomienda expresamente tipificar como delito el ecocidio con el fin de disuadir, prevenir y exigir responsabilidades a quienes participan en mercados ilegales relacionados con la naturaleza.

El 30 de julio, la diputada Karina Marlen Barrón Perales (PRI) propuso añadir un nuevo artículo al Código Penal Federal de México que impondría de 10 a 15 años de prisión y una multa de 1.000 a 1.500 pesos diarios a quien perpetre "cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause un daño grave y extenso o duradero al medioambiente".

El Parlamento de Cataluña ha iniciado un procedimiento para presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto de ley destinado a incluir el delito de ecocidio en el Código Penal español. A partir de aquí, la propuesta seguirá su tramitación. Habrá varios meses de audiencias en las que se podrán presentar enmiendas al texto, tras lo cual tendrá lugar una votación final en el Parlamento de Cataluña.

El jueves 20 de julio, el Consejo de Ministros belga aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que recoge las reformas propuestas para el Código Penal del país. Entre los nuevos delitos que se prevé incluir figura el ecocidio. A la espera de que el Parlamento lo apruebe a finales de este año, esta medida supondría que Bélgica se convertiría en el duodécimo país en incorporar este delito a su legislación.

El diputado Lammert van Raan, del Partij voor de Dieren (Partido por los Animales), ha presentado oficialmente una propuesta de ley para tipificar como delito el ecocidio en los Países Bajos. La propuesta se someterá ahora a un periodo de consulta pública de cuatro semanas antes de remitirse al Consejo de Estado para que emita un dictamen consultivo. Para que el proyecto de ley se convierta en ley, deberá ser aprobado posteriormente por el Parlamento.

La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha instado a los parlamentos de sus Estados participantes a que consagren el concepto de ecocidio en la legislación nacional e internacional.

Una vez cada cinco años, representantes de los partidos verdes, las comunidades indígenas, la sociedad civil, el mundo académico, las organizaciones benéficas y las ONG de todo el mundo se reúnen en el Congreso de los Verdes Globales para hacer balance de la situación actual del mundo y establecer las prioridades políticas clave para los próximos años. Entre las estrategias seleccionadas este año para su aprobación (todas ellas recogidas en la Declaración de Corea) se encontraba la creciente iniciativa mundial para tipificar como delito internacional el ecocidio.

En un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los efectos del cambio climático en la paz y la seguridad, el embajador austriaco Alexander Marschik planteó la cuestión del daño generalizado y a largo plazo al medio ambiente. Sugirió que "la comunidad internacional debería considerar la posibilidad de tipificar [tales daños] como crimen en virtud del derecho internacional, lo que se conoce como 'ecocidio' ".

Con motivo del Día Mundial de los Océanos de 2023, la reconocida oceanógrafa y conservacionista Sylvia Earle se unió a otros líderes mundiales, como el papa Francisco y Jane Goodall, para apoyar el reconocimiento del «ecocidio» como delito internacional, tal y como defiende la ONG internacional Stop Ecocide International.

La rotura de la presa de Kakhovka, en el sur de Ucrania, ha desviado el curso del río Dniéper, ha causado la muerte de un número indeterminado de personas y animales, y ha dejado a muchos ucranianos sin hogar. Las consecuencias humanas inmediatas de la destrucción de la presa ya han sido devastadoras y sus repercusiones ecológicas, aunque aún se están evaluando, se han calificado en repetidas ocasiones de «ecocidio» ¹ .

El partido político brasileño PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) presentó un nuevo proyecto de ley de ecocidio al Congreso brasileño. La propuesta de ley de ecocidio pretende penalizar "la realización de actos ilegales o arbitrarios a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de daño grave y generalizado o a largo plazo al medio ambiente."

El 9 de mayo, el Gobierno español respondió oficialmente a una pregunta escrita formulada por Inés Sabanés Nadal, diputada de Más País Verdes Equo, sobre si el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico tenía intención de apoyar la propuesta de reconocer el ecocidio y los delitos autónomos contra el medio ambiente en el marco del Consejo Europeo.

El 15 de abril tuvo lugar el estreno mundial de la «Ecocide Law Choir Suite» en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, ante un público de más de 300 personas. El concierto consistió en una suite de doce canciones compuestas por compositores de EE. UU., Gran Bretaña, Escocia, Suecia, Sápmi (Sameland), Finlandia, Canadá, Brasil y Dinamarca, todos los cuales han donado sus composiciones al proyecto «Choirs for Ecocide Law».

El 29 de marzo se hizo historia a ambos lados del Atlántico. En Bruselas, el Parlamento Europeo propuso por unanimidad incluir el «ecocidio» en la legislación de la UE, mientras que en Nueva York una resolución de la ONU solicitaba un dictamen consultivo jurídico sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.

Tras una votación histórica y unánime en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Parlamento Europeo ha anunciado su apoyo a la inclusión de delitos de «ecocidio» en la directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales.

La primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, confía en que la próxima cumbre de líderes del Consejo de Europa dé lugar a avances positivos en materia de ecocidio. Jakobsdóttir expresó su optimismo en el Parlamento islandés durante un debate en respuesta a una pregunta parlamentaria sobre el tema del ecocidio formulada por el diputado Andrés Ingi Jónsson, del Partido Pirata, el 20 de marzo de 2023.

Siguiendo la línea marcada en las cuatro comisiones consultivas anteriores, la última y más importante de ellas en el contexto de esta Directiva, la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), votó por unanimidad a favor de incluir los delitos medioambientales más graves —conocidos comúnmente como «ecocidio»— en su propuesta de texto para la Directiva, que se presentará en el Parlamento Europeo el 17 de abril.

En Port Vila, la capital de Vanuatu, los líderes de seis Estados del océano Pacífico hicieron un ambicioso llamamiento colectivo para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, apoyar una transición rápida y justa del Pacífico hacia las energías renovables y reforzar las obligaciones legales relacionadas, entre ellas la de «prevenir el ecocidio».

La mesa redonda abordó los mecanismos jurídicos ya existentes para perseguir los daños al medio ambiente en tiempos de guerra, sus inconvenientes y su potencial de aplicación en el contexto de Ucrania; además, se debatió la utilidad, de cara al futuro, de tipificar como delito internacional el ecocidio, algo en lo que Ucrania tiene un gran interés y que ya ha respaldado firmemente (véanse las intervenciones de los diputados ucranianos en el debate celebrado en el Consejo de Europa en enero).

La Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN) ha publicado un nuevo documento de «punto de vista» sobre políticas titulado «La biodiversidad como riesgo sistémico: 10 factores decisivos para los consejeros y los equipos de gestión responsable», en el que se destaca la tipificación del ecocidio como delito como un marco emergente esencial.

Tras un año y medio de investigación y redacción, el prestigioso Instituto Europeo de Derecho (ELI) ha publicado su Informe sobre el ecocidio: Normas modelo para una directiva de la UE y una decisión del Consejo. La ley modelo se inspira en la definición internacional consensuada publicada por el Grupo de Expertos Independientes (junio de 2021, convocado por nuestra Fundación), al tiempo que introduce ajustes para adaptarla al contexto de la Unión Europea y a determinadas consideraciones jurídicas relevantes para el Derecho de la UE.

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo («LIBE») acaba de votar a favor (nota: el texto definitivo aún no se ha publicado) de incluir el delito de ecocidio en la Directiva sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, que se encuentra actualmente en proceso de revisión.

En Estrasburgo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) aprueba por abrumadora mayoría la resolución 2477 y la recomendación 2246, ambas en las que se insta al reconocimiento del ecocidio, basándose en un informe publicado recientemente por su Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible sobre el impacto medioambiental de los conflictos armados.

En un comunicado de prensa publicado durante la COP15, Triodos Bank ha pedido que se establezcan objetivos ambiciosos en materia de biodiversidad y que se introduzca un nuevo delito de ecocidio en la Corte Penal Internacional (CPI).

El apoyo al reconocimiento del ecocidio en el marco de la Directiva de la UE sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal sigue creciendo. Otras dos comisiones de la UE, la Comisión de Peticiones («PETI») y la Comisión de Desarrollo («DEVE»), han votado esta semana sobre las propuestas relativas a la directiva, que se encuentra actualmente en proceso de revisión, y ambas han respaldado la inclusión del delito de ecocidio.

El Consejo de Europa ha anunciado que su Comité de Ministros aprobó ayer el mandato del Comité de Expertos sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal (PC-ENV), creado para redactar un nuevo Convenio sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal. Los siguientes párrafos explicativos se han extraído del comunicado del Consejo de Europa: «El nuevo Convenio del Consejo de Europa proporcionará un marco global común, estableciendo una base general para el derecho penal paneuropeo, en consonancia con el carácter transfronterizo del reto medioambiental al que hay que hacer frente».

En la cumbre del G20 celebrada en Indonesia, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, presentó en un discurso ante los líderes mundiales una «Fórmula de Paz» de diez puntos destinada a restablecer una paz justa y duradera para Ucrania. La fórmula, que abarca la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria y energética, el cese de las hostilidades y el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, incluye también específicamente un llamamiento a la protección inmediata del medio ambiente. En palabras de Zelenskyy: «El octavo reto es el ecocidio, la necesidad de proteger de inmediato el medio ambiente. [....]»

En una carta enviada a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP) y difundida en los medios de comunicación, el papa Francisco hace referencia expresa a la necesidad de incorporar el «ecocidio» como quinta categoría de delitos contra la paz, es decir, de tipificar como delito, a nivel internacional, aquellas conductas que impliquen la pérdida, el daño o la destrucción de la flora y la fauna.

En su declaración ante la COP27, la Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN), una organización impulsada por inversores con «activos bajo gestión» por valor de 70 billones de dólares, ha instado, por segundo año consecutivo, a los gobiernos a tipificar como delito el ecocidio.

Como parte de la primera gran revisión de su Código Penal en más de un siglo, el Gobierno belga ha propuesto la inclusión del delito de ecocidio en la legislación nacional, una iniciativa impulsada por la ministra de Clima, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Pacto Verde, Zakia Khattabi.

El documento de posición de la Fundación Stop Ecocide sobre la Directiva de la UE relativa a los delitos, presentado a las agencias de la UE, acaba de recibir un respaldo gracias a la votación de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) de la UE sobre sus propuestas relativas a la revisión de la Directiva de la UE. La comisión ha propuesto la inclusión en la Directiva de un artículo independiente que tipifique como delito el ecocidio, para abarcar «los daños graves al medio ambiente que sean generalizados o de larga duración».

En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, el vicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, afirmó que «ha llegado el momento de que el mundo cuente con un organismo internacional que exija responsabilidades a todos aquellos que causan daños al planeta».

Cada vez son más las empresas que se dan cuenta de los beneficios potenciales que ofrece el marco jurídico que proporcionará una ley internacional sobre ecocidio y que se suman a las peticiones para tipificar como delito aquellos actos que suponen una amenaza de daños medioambientales graves.

La legislación sobre el ecocidio ha sido reconocida como un factor clave para impulsar la actuación de las empresas hacia el objetivo de cero emisiones netas en un informe de alto nivel presentado en las Naciones Unidas durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, David Lammy, reafirmó el apoyo del Partido Laborista del Reino Unido a una nueva ley internacional sobre el ecocidio en su discurso pronunciado en el Congreso del Partido Laborista el 27 de septiembre.

El presidente de Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, ha instado a los Estados a que apoyen la inclusión del delito de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y ha declarado ante la Asamblea General de la ONU que «ya no se puede tolerar que se actúe a sabiendas de que se está causando un daño grave y generalizado o a largo plazo al medio ambiente».

En el marco de la Huelga Mundial por el Clima, FFFNYC incluyó el reconocimiento del ecocidio como delito internacional entre sus cuatro reivindicaciones principales.

El Parlamento español acaba de dar el último paso para aprobar la ley que reconoce al Mar Menor y a su cuenca una serie de derechos, entre ellos el derecho a existir y el derecho a recuperar su equilibrio natural. La ley fue aprobada en el Senado por una mayoría abrumadora.

Una declaración de la XI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada en Karlsruhe, insta a apoyar la legislación sobre el ecocidio como una forma nueva y reforzada de rendición de cuentas.

La Corte Penal Internacional (CPI) celebró el 20.º aniversario de su inauguración, que tuvo lugar en julio de 2002. Con motivo de esta celebración, se organizó en La Haya una conferencia de un día de duración, y en la última sesión de la jornada, centrada en el futuro de la Corte, ocupó un lugar destacado el debate sobre el ecocidio como posible quinto delito del Estatuto de Roma.

Tras la declaración del presidente francés Emmanuel Macron el mes pasado en apoyo de la tipificación del delito de ecocidio, los partidos belgas Ecolo y Groen no han tardado en aprovechar la ocasión para proponer su tipificación tanto en Bélgica como a nivel internacional.

Una carta abierta firmada por cuatro jóvenes activistas climáticas de renombre —Greta Thunberg (Suecia), Luisa Neubauer (Alemania), Anuna de Wever y Adélaïde Charlier (ambas de Bélgica)— ha instado a los Estados miembros de la UE a «abogar por que el ecocidio se considere un delito internacional ante la Corte Penal Internacional».

En 2020, cuando se habría celebrado la conferencia COP26, más de 330 jóvenes delegados, en representación de más de 140 países, se reunieron en línea en la «Mock COP26» y publicaron su declaración.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha reunido esta mañana con los 150 miembros seleccionados al azar de la asamblea ciudadana sobre el clima, la «Convención Ciudadana por el Clima» (CCC), en los jardines del Palacio del Elíseo, en París, para dar su respuesta a las propuestas de la asamblea para hacer frente al cambio climático.

Tras la crisis de los «chalecos amarillos» del año pasado, el presidente Macron convocó una «asamblea ciudadana por el clima» —la Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), integrada por 150 ciudadanos franceses seleccionados al azar— y les encomendó la tarea de debatir y proponer medidas para hacer frente a la crisis climática.

El 3 de diciembre de 2019 en La Haya, en la Asamblea anual de Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI), el Estado insular del Pacífico de Vanuatu hizo una declaración audaz: que la Asamblea debería considerar seriamente ampliar el mandato de la corte para incluir un crimen de ecocidio.

En su intervención ante la Asociación Internacional de Derecho Penal, celebrada en el Vaticano el 15 de noviembre de 2019, el papa Francisco propuso que se añadieran los «pecados contra la ecología» a las enseñanzas de la Iglesia católica y fue un paso más allá al afirmar que el «ecocidio» debería constituir una quinta categoría de delitos contra la paz a nivel internacional.

Stop Ecocide propone una «solución concreta» a la emergencia climática y ecológica en la Rebelión Internacional

La República de las Maldivas, en su declaración oficial ante la Asamblea de los Estados Partes celebrada en La Haya, ha manifestado su apoyo a la tipificación de un quinto delito internacional: el ecocidio.