La Corte Penal Internacional (CPI) celebró el 20.º aniversario de su inauguración, que tuvo lugar en julio de 2002. Con motivo de esta celebración, se organizó en La Haya una conferencia de un día de duración, y en la última sesión de la jornada, centrada en el futuro de la Corte, ocupó un lugar destacado el debate sobre el ecocidio como posible quinto delito del Estatuto de Roma.

Walk for Earth UK: recaudación de fondos para Stop Ecocide International. Zoe Bicat y su mula Falco partieron de su ciudad natal, Oxford, el 8 de junio y, durante los próximos meses, recorrerán a pie el camino hasta Loch Lomond, en Escocia.

Tras una votación histórica y unánime en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el Parlamento Europeo ha anunciado su apoyo a la inclusión de delitos de «ecocidio» en la directiva revisada de la UE sobre delitos medioambientales.

Un comunicado del Vaticano ha rechazado la «doctrina del descubrimiento», una teoría que sirvió para justificar la apropiación de las tierras indígenas por parte de las potencias colonizadoras a partir del siglo XV. Dicha «doctrina», basada en las bulas papales de la época, fue considerada por los poderes políticos como una parte fundamental de la estructura conceptual del colonialismo durante cientos de años, llegando incluso a incorporarse a los ordenamientos jurídicos de varios países.

Destacados miembros de la comunidad jurídica internacional, políticos, académicos, empresas y ONG han respondido a una consulta pública organizada por la Fiscalía de la CPI, en la que se pide que se introduzca un nuevo delito de ecocidio en el Estatuto de Roma.

Una declaración de la XI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada en Karlsruhe, insta a apoyar la legislación sobre el ecocidio como una forma nueva y reforzada de rendición de cuentas.

El Parlamento español acaba de dar el último paso para aprobar la ley que reconoce al Mar Menor y a su cuenca una serie de derechos, entre ellos el derecho a existir y el derecho a recuperar su equilibrio natural. La ley fue aprobada en el Senado por una mayoría abrumadora.

El 29 de marzo se hizo historia a ambos lados del Atlántico. En Bruselas, el Parlamento Europeo propuso por unanimidad incluir el «ecocidio» en la legislación de la UE, mientras que en Nueva York una resolución de la ONU solicitaba un dictamen consultivo jurídico sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.

El 15 de abril tuvo lugar el estreno mundial de la «Ecocide Law Choir Suite» en la Universidad de Jyväskylä, en Finlandia, ante un público de más de 300 personas. El concierto consistió en una suite de doce canciones compuestas por compositores de EE. UU., Gran Bretaña, Escocia, Suecia, Sápmi (Sameland), Finlandia, Canadá, Brasil y Dinamarca, todos los cuales han donado sus composiciones al proyecto «Choirs for Ecocide Law».

El 9 de mayo, el Gobierno español respondió oficialmente a una pregunta escrita formulada por Inés Sabanés Nadal, diputada de Más País Verdes Equo, sobre si el Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico tenía intención de apoyar la propuesta de reconocer el ecocidio y los delitos autónomos contra el medio ambiente en el marco del Consejo Europeo.

En una carta abierta publicada por Aktuell Hallbarhet, y coincidiendo con la votación en el Parlamento Europeo de una directiva actualizada sobre delitos medioambientales, seis directores generales, entre ellos Jenny Rundbladh, del gigante de las pensiones SPP, pidieron que se tipificara el delito internacional de ecocidio en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En el marco de la Huelga Mundial por el Clima, FFFNYC incluyó el reconocimiento del ecocidio como delito internacional entre sus cuatro reivindicaciones principales.

El presidente de Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, ha instado a los Estados a que apoyen la inclusión del delito de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y ha declarado ante la Asamblea General de la ONU que «ya no se puede tolerar que se actúe a sabiendas de que se está causando un daño grave y generalizado o a largo plazo al medio ambiente».

El portavoz de Asuntos Exteriores de la oposición, David Lammy, reafirmó el apoyo del Partido Laborista del Reino Unido a una nueva ley internacional sobre el ecocidio en su discurso pronunciado en el Congreso del Partido Laborista el 27 de septiembre.

La Declaración Global Conjunta de los Grupos Principales y las Partes Interesadas (Declaración Global Conjunta), presentada en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA-6), afirmaba que trabajar «para lograr el reconocimiento universal del ecocidio como delito internacional» serviría como «un poderoso elemento disuasorio» frente a los daños medioambientales más graves.

La ciudad de Utrecht, representada por la concejala Linda Voortman, ha firmado el Manifiesto «Stop Ecocide NL», que insta al Gobierno neerlandés a apoyar el reconocimiento del ecocidio como delito a nivel internacional, europeo y nacional.

El Consejo Europeo ha adoptado formalmente una nueva directiva sobre delitos medioambientalesque incluye disposiciones para penalizar casos "comparables al ecocidio".

La legislación sobre el ecocidio ha sido reconocida como un factor clave para impulsar la actuación de las empresas hacia el objetivo de cero emisiones netas en un informe de alto nivel presentado en las Naciones Unidas durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York.

El partido político brasileño PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) presentó un nuevo proyecto de ley de ecocidio al Congreso brasileño. La propuesta de ley de ecocidio pretende penalizar "la realización de actos ilegales o arbitrarios a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de daño grave y generalizado o a largo plazo al medio ambiente."

La rotura de la presa de Kakhovka, en el sur de Ucrania, ha desviado el curso del río Dniéper, ha causado la muerte de un número indeterminado de personas y animales, y ha dejado a muchos ucranianos sin hogar. Las consecuencias humanas inmediatas de la destrucción de la presa ya han sido devastadoras y sus repercusiones ecológicas, aunque aún se están evaluando, se han calificado en repetidas ocasiones de «ecocidio» ¹ .

En vísperas de las elecciones, se ha realizado una encuesta a los partidos políticos flamencos y valones sobre una serie de temas. La encuesta, llevada a cabo por una coalición de organizaciones ecologistas belgas, incluía una pregunta sobre el apoyo a la modificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para incluir un nuevo delito de ecocidio.

El 18 de abril de 2024, el brazo parlamentario del Consejo de Europa adoptó la Resolución 2546: «Hacia las estrategias del Consejo de Europa para que los mares y océanos estén sanos para contrarrestar la crisis climática».

El diputado Américo Gonza, miembro del partido Perú Libre y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso peruano, ha presentado un proyecto de ley en el que se propone modificar el Código Penal del Perú para incluir el delito de ecocidio. El proyecto de ley, en el que se señala que la definición consensuada de ecocidio del Grupo de Expertos Independientes goza de «amplia aceptación a nivel internacional», propone una pena privativa de libertad de entre siete y veinte años para este delito.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha publicado un informe en el que se ofrece una visión general de la situación mundial en materia de «protección de la población civil en los conflictos armados» en 2023. Tras señalar que, hasta la fecha, solo unos pocos Estados han tipificado el ecocidio como delito, el secretario general destaca la «necesidad de tipificar el delito de ecocidio a nivel internacional» (párrafo 45).

Cada vez son más las empresas que se dan cuenta de los beneficios potenciales que ofrece el marco jurídico que proporcionará una ley internacional sobre ecocidio y que se suman a las peticiones para tipificar como delito aquellos actos que suponen una amenaza de daños medioambientales graves.

En un discurso pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, el vicepresidente de la República de Panamá, José Gabriel Carrizo, afirmó que «ha llegado el momento de que el mundo cuente con un organismo internacional que exija responsabilidades a todos aquellos que causan daños al planeta».

El documento de posición de la Fundación Stop Ecocide sobre la Directiva de la UE relativa a los delitos, presentado a las agencias de la UE, acaba de recibir un respaldo gracias a la votación de la Comisión de Medio Ambiente (ENVI) de la UE sobre sus propuestas relativas a la revisión de la Directiva de la UE. La comisión ha propuesto la inclusión en la Directiva de un artículo independiente que tipifique como delito el ecocidio, para abarcar «los daños graves al medio ambiente que sean generalizados o de larga duración».

Con motivo del Día Mundial de los Océanos de 2023, la reconocida oceanógrafa y conservacionista Sylvia Earle se unió a otros líderes mundiales, como el papa Francisco y Jane Goodall, para apoyar el reconocimiento del «ecocidio» como delito internacional, tal y como defiende la ONG internacional Stop Ecocide International.

Una vez cada cinco años, representantes de los partidos verdes, las comunidades indígenas, la sociedad civil, el mundo académico, las organizaciones benéficas y las ONG de todo el mundo se reúnen en el Congreso de los Verdes Globales para hacer balance de la situación actual del mundo y establecer las prioridades políticas clave para los próximos años. Entre las estrategias seleccionadas este año para su aprobación (todas ellas recogidas en la Declaración de Corea) se encontraba la creciente iniciativa mundial para tipificar como delito internacional el ecocidio.

En un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los efectos del cambio climático en la paz y la seguridad, el embajador austriaco Alexander Marschik planteó la cuestión del daño generalizado y a largo plazo al medio ambiente. Sugirió que "la comunidad internacional debería considerar la posibilidad de tipificar [tales daños] como crimen en virtud del derecho internacional, lo que se conoce como 'ecocidio' ".

La Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha instado a los parlamentos de sus Estados participantes a que consagren el concepto de ecocidio en la legislación nacional e internacional.

El diputado Lammert van Raan, del Partij voor de Dieren (Partido por los Animales), ha presentado oficialmente una propuesta de ley para tipificar como delito el ecocidio en los Países Bajos. La propuesta se someterá ahora a un periodo de consulta pública de cuatro semanas antes de remitirse al Consejo de Estado para que emita un dictamen consultivo. Para que el proyecto de ley se convierta en ley, deberá ser aprobado posteriormente por el Parlamento.

El jueves 20 de julio, el Consejo de Ministros belga aprobó en segunda lectura un proyecto de ley que recoge las reformas propuestas para el Código Penal del país. Entre los nuevos delitos que se prevé incluir figura el ecocidio. A la espera de que el Parlamento lo apruebe a finales de este año, esta medida supondría que Bélgica se convertiría en el duodécimo país en incorporar este delito a su legislación.

Como parte de la primera gran revisión de su Código Penal en más de un siglo, el Gobierno belga ha propuesto la inclusión del delito de ecocidio en la legislación nacional, una iniciativa impulsada por la ministra de Clima, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Pacto Verde, Zakia Khattabi.

El 27 de mayo, el congresista Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, presentó un segundo proyecto de ley de ecocidio, y el 30 de junio, la congresista Ruth Luque, del partido Cambio Democrático, presentó el tercero.Tras la presentación del primer proyecto de ley por el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, el 16 de mayo, el Parlamento peruano cuenta ya con tres proyectos de ley de ecocidio.

En su declaración ante la COP27, la Red Internacional de Gobierno Corporativo (ICGN), una organización impulsada por inversores con «activos bajo gestión» por valor de 70 billones de dólares, ha instado, por segundo año consecutivo, a los gobiernos a tipificar como delito el ecocidio.

El proyecto de ley se presenta a raíz de la revisión de la Directiva de Delitos contra el Medio Ambiente de la Unión Europea, que ahora incluye delitos comparables al ecocidio. Esta Directiva obliga a todos los Estados miembros de la UE a adaptar su legislación nacional a la nueva normativa en los próximos dos años.

En una carta enviada a la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal (AAPDDP) y difundida en los medios de comunicación, el papa Francisco hace referencia expresa a la necesidad de incorporar el «ecocidio» como quinta categoría de delitos contra la paz, es decir, de tipificar como delito, a nivel internacional, aquellas conductas que impliquen la pérdida, el daño o la destrucción de la flora y la fauna.

Ésta sería la tercera vez que el Foro Social de la Asamblea a de la ONU pide la adición de un nuevo crimen autónomo de ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La primera vez fue en marzo de 2022 en la 5ª Asamblea de la ONU sobre el Medioambiente, celebrada en Nairobi ("UNEA 5.2"), y la segunda vez, en la Sexta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA-6, por sus siglas en inglés), celebrada del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024.

En un nuevo informe, la Agence Française de Développement (AFD), la Agencia Francesa para el Desarrollo, identifica la Ley del Ecocidio y los derechos de la naturaleza como "palancas" clave para reorientar las prioridades económicas del mundo hacia el bienestar medioambiental y humano.

El jueves 5 de septiembre, el Congreso de la República del Perú convocó a una Comisión Técnica para examinar una propuesta destinada a tipificar como delito el ecocidio en el Código Penal nacional. El nuevo texto legislativo consolida tres proyectos de ley presentados recientemente al Congreso e incorpora los principales elementos de la definición jurídica consensuada de ecocidio, formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021.

Según laEncuesta Mundial sobre los Bienes Comunes 2024realizada por Ipsos REINO UNIDO y encargada por Earth4All y la Alianza Mundial de los Comunes (GCA), el 72% de la población de los países del G20 considera que las formas más graves de daño ambiental -que cada vez más son denominadas ecocidio- deberían ser un crimen.

NUEVA YORK, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024: Los Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) han presentado oficialmente la propuesta de crimen de ecocidio, lo que representa un gran paso adelante en el esfuerzo mundial por consagrar la destrucción masiva del medio ambiente como crimen bajo la ley internacional.

El Parlamento de Azerbaiyán, el Milli Majlis, ha aprobado en primera lectura de un Proyecto de Ley que introduciría el delito de ecocidio en el Código Penal del país. Propuesto por el Presidente Ilham Aliyev, el Proyecto de Ley pretende imponer penas privativas de libertad de 10 a 15 años a los condenados por cometer graves daños medioambientales.

La República de Azerbaiyán ha aprobado una Ley que modifica su Código Penal nacional, e incorpora el delito de ecocidio.

La RDC se convierte en la primera nación africana que respalda formalmente la creación de un crimen internacional de ecocidio, tras la propuesta de septiembre de 2024 de los del Pacífico de añadir el ecocidio al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En un discurso pronunciado el 27 de mayo en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional (CPI), Nazhat Shameem Khan, expuso argumentos de amplio alcance a favor de actualizar y adaptar el marco vigente del Derecho penal internacional —incluido el Estatuto de Roma— para proteger mejor el medio ambiente. Ampliando su reflexión sobre el hecho de que el Estatuto de Roma es «un reflejo de la imaginación jurídica» de la época en que se creó, Khan señaló: «Me pregunto: si el Estatuto de Roma se redactara hoy, ¿cómo sería? ¿Incluiría el ecocidio como delito internacional independiente?».

El 15 de mayo de 2024, el Parlamento sueco (Riksdag) sometió a votación un total de seis mociones, presentadas por cuatro partidos políticos, que contienen propuestas para que el ecocidio quede prohibido en virtud del Derecho internacional en el marco de la Corte Penal Internacional (CPI). La votación en el Parlamento estuvo reñida: 153 diputados votaron siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Asuntos Exteriores (es decir, en contra de las mociones) y 150 votaron a favor.

Se ha presentado en el Parlamento escocés un proyecto de ley para tipificar como delito el ecocidio. Presentado por la diputada Monica Lennon y para cuya tramitación se requiere el respaldo de al menos 18 diputados, el proyecto de ley tiene por objeto prevenir y tipificar como delito las formas más graves de daño medioambiental. Si se aprueba, Escocia se convertiría en el primer país del Reino Unido en tipificar el ecocidio como delito nacional y se erigiría como líder mundial en el ámbito, en rápido crecimiento, del derecho del ecocidio.

En un discurso pronunciado en la conferencia «La promesa del Derecho internacional ante las crisis ecológicas», celebrada en Ámsterdam y organizada por el UCLA Law Promise Institute Europe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reafirmó su apoyo a que el delito de ecocidio entre dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional (CPI). En este discurso de amplio alcance, el Alto Comisionado pidió que los delitos medioambientales se consideraran al mismo nivel que las repercusiones en las personas de otras atrocidades y que los Estados utilizaran el derecho penal «de forma más amplia» como herramienta para armonizar sus leyes y políticas medioambientales con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso peruano aprobó un dictamen para tipificar como delito el ecocidio, incorporando elementos clave de la definición legal consensuada del Panel de Expertos Independientes de 2021. Este importante paso para añadir el ecocidio al Código Penal espera ahora la aprobación del Pleno del Congreso y la promulgación presidencial para convertirse en ley.

En una rueda de prensa celebrada el jueves 30 de mayo, dos diputados y una diputada de tres partidos políticos federales de Canadá, Patrick Weiler (Liberal), Alexandre Boulerice (NDP) y Elizabeth May (Verde), afirmaron su apoyo a la inclusión del ecocidio como crimen en la Corte Penal Internacional.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2024, la Asamblea General de la Asociación de las Naciones Unidas de Alemania (DGVN, por sus siglas en alemán), máximo órgano de decisión de la asociación, aprobó una moción de apoyo al reconocimiento del ecocidio como crimen internacional en la Corte Penal Internacional (CPI).

El Grupo de Trabajo sobre los Mercados de la Naturaleza, una iniciativa de la organización sin ánimo de lucro Nature Finance, con sede en Ginebra, que trabaja en el ámbito de las políticas públicas y el mundo financiero para «armonizar las finanzas mundiales con resultados resilientes al cambio climático, positivos para la naturaleza y equitativos», ha publicado su informe detallado titulado «Making Nature Markets Work». El informe recomienda expresamente tipificar como delito el ecocidio con el fin de disuadir, prevenir y exigir responsabilidades a quienes participan en mercados ilegales relacionados con la naturaleza.

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI), que representa a una comunidad mundial de 352 iglesias y 580 millones de cristianos, ha emitido una enérgica declaración en la que pide a las iglesias y los gobiernos del mundo que apoyen la legislación contra el ecocidio, y hace hincapié en el papel de la biodiversidad para preservar el bienestar humano y garantizar la resistencia del planeta a los impactos climáticos.

El miércoles 12 de febrero se presentó la Ecocide Law Advisory (ELA), una iniciativa conjunta del UCLA Law Promise Institute Europe y Climate Counsel destinada a ofrecer asesoramiento jurídico especializado, formación y apoyo en la redacción y aplicación de leyes sobre ecocidio.

El Partido Verde alemán (Bündnis 90/Die Grünen) ha incluido en su programa electoral de 2025 (pág. 55) un compromiso para aplicar de forma consistente en Alemania la nueva Directiva europea de protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, así como para prevenir los crímenes ambientales más graves (los ecocidios) mediante la enmienda al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En su respuesta a la iniciativa de Tuhatkunta, la Junta del PNC también afirmó que el ecocidio no siempre ha sido definido de forma uniforme, pero citó la relevancia de la definición consensuada del Panel de Expertos Independientes de la Fundación Stop Ecocidio (p. 84).

El principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), ha apoyado una petición ciudadana para tipificar el ecocidio como delito a nivel nacional. La petición se presentó al Parlamento el 28 de noviembre de 2023, tras acumular cerca de 29.000 firmas manuscritas.

En su discurso de apertura de la 54.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se mostró a favor de la inclusión del delito internacional de «ecocidio» en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, respaldada por la ONU, como posible medida para garantizar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, y afirmó: «Varios Estados y grupos de la sociedad civil han propuesto la inclusión del delito internacional de ecocidio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Acojo con satisfacción que se estén considerando esta y otras medidas para ampliar la rendición de cuentas por los daños medioambientales, tanto a nivel nacional como internacional».

La Alianza de los Verdes y la Izquierda (Alleanza Verdi e Sinistra), con el apoyo de Stop Ecocidio Italia y Stop Ecocide International, ha presentado ante el Parlamento italiano un proyecto de ley destinado a prevenir y tipificar como delito el ecocidio. El proyecto de ley, que se basa directamente en la redacción de la definición jurídica de ecocidio formulada por el Grupo de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocide en 2021, se ha presentado formalmente al Parlamento, y está previsto que el debate y las votaciones tengan lugar en los próximos meses.

El Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre las Consecuencias Medioambientales de la Guerra de Ucrania ha publicado un nuevo informe titulado «El Pacto Medioambiental para Ucrania». El informe destaca la presencia del delito de «ecocidio» en el Código Penal de Ucrania (artículo 441), señala el reciente aumento de la incorporación de este delito en la legislación nacional de todo el mundo y hace especial referencia a la definición de ecocidio formulada en 2021 por el Grupo de Expertos Independientes.

El papa Francisco ha publicado «Laudate Deum», una exhortación apostólica en la que insta a los gobiernos a asumir su responsabilidad ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Como continuación de su «Laudato Sí» de 2015, el papa Francisco destaca el origen indiscutiblemente humano de la emergencia climática mundial y aboga por una mayor cooperación internacional para controlar el deterioro del medio ambiente. El papa Francisco fue también el primer jefe de Estado, en 2019, en apoyar públicamente la inclusión del ecocidio como delito bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

El Parlamento Federal de Bélgica ha votado hoy a favor de un nuevo código penal para el país que, por primera vez en Europa, incluye el reconocimiento del delito de ecocidio tanto a nivel nacional como internacional. A nivel nacional, el nuevo delito de ecocidio, cuyo objetivo es prevenir y sancionar los casos más graves de degradación medioambiental —como los vertidos masivos de petróleo—, se aplicará a las personas que ocupan los más altos cargos de responsabilidad y a las empresas.

El Parlamento Europeo ha aprobado hoy una nueva directiva sobre delitos medioambientales, que incluye disposiciones para tipificar como delito los casos «comparables al ecocidio». El Parlamento Europeo, junto con el ponente del Parlamento para esta directiva, el eurodiputado neerlandés Antonius Manders, ha estado al frente de los esfuerzos para garantizar una nueva legislación de la UE destinada a prevenir y castigar los daños medioambientales más graves desde que, en marzo de 2023, anunciara su apoyo a la inclusión del «ecocidio» en la nueva directiva. Para completar su tramitación legislativa, la nueva directiva se someterá a votación en el Consejo Europeo, prevista para marzo de 2024.

Presentada en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Nairobi, la carta «Al-Mizan: Un pacto por la Tierra» ha sido redactada por destacados ecoteólogos y profesionales islámicos de todo el mundo. La carta establece un marco islámico integral sobre la responsabilidad ecológica y moral, insta a la acción colectiva para la protección de nuestro planeta y afirma: «La enormidad del delito de ecocidio —la extirpación de ecosistemas enteros y de comunidades de especies, incluida la nuestra— se aprecia mejor al considerar los horrores del genocidio —la extirpación de etnias y culturas—. […] Este tipo de corrupción de la Tierra aún no ha sido reconocido, juzgado ni sancionado en la legislación nacional e internacional».

El 1 de abril de 2025, la Diputada Margarita Stolbizerr presentó un amplio Proyecto de Ley dedicado a los delitos ambientales, que incluye un Capítulo sobre el delito de ecocidio, utilizando la definición elaborada por el Panel de Expertos Independientes convocado en 2021 por la Fundación Stop Ecocidio.

El 11 de abril de 2025, la diputada Zakia Khattabi, anterior Ministra Federal de Medio Ambiente y miembro del partido francófono Ecolo, presentó en el Parlamento de la Región de Bruselas-Capital una proposición de ley destinada a tipificar el daño ambiental grave como delito general.

En una decisión histórica, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), el órgano deliberativo de la principal organización de derechos humanos de Europa, ha aprobado una resolución en la que respalda el proyecto de Convenio sobre la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. Si los Estados miembros lo aprueban y ratifican, el Convenio se convertiría en el primer tratado internacional jurídicamente vinculante que tipificaría como delito la destrucción grave y a gran escala del medio ambiente —«una conducta que muchos denominan ecocidio»—.

El Congreso Sindical de Nigeria (NLC) —la mayor federación sindical de África, que representa a más de seis millones de trabajadores— ha pedido públicamente que se reconozca el ecocidio como delito internacional en el marco del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI). Esta clara postura alinea al NLC con el creciente impulso mundial para tipificar como delito los daños medioambientales más graves, un impulso impulsado ahora, en parte, por el liderazgo africano. En septiembre de 2024, Vanuatu, Samoa y Fiyi presentaron formalmente una propuesta para enmendar el Estatuto de Roma con el fin de incluir el ecocidio; posteriormente, la República Democrática del Congo se convirtió en la primera nación africana en apoyar la enmienda.

Un nuevo dictamen jurídico del Dr. Stephan Sina solicitado por Stop Ecocide Deutschlanddescribe cómo Alemania podría transponer la nueva Directiva Europea sobre delitos ambientales a su legislación nacional, centrándose en los daños ambientales graves “comparables al ecocidio”.

El Consejo de Europa ha aprobado un tratado histórico que tipifica como delito una amplia gama de infracciones medioambientales y permite a los Estados perseguir judicialmente las conductas intencionadas que provoquen catástrofes medioambientales «equivalentes a un ecocidio».

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Perú ha publicado un proyecto de ley unificado para tipificar como delito el ecocidio, en el que se consolidan tres propuestas anteriores en un único instrumento legislativo.