Los legisladores, los tribunales, los inversores y la sociedad civil coinciden en la idea de que los daños medioambientales más graves deben acarrear el máximo nivel de responsabilidad —incluida la responsabilidad penal— para quienes toman las decisiones.
El Grupo de Expertos Independientes para la Definición Jurídica del Ecocidio, convocado por la Fundación Stop Ecocide, propuso en 2021 una definición consensuada del término «ecocidio» que se ha convertido rápidamente en un punto de referencia para legisladores, académicos y profesionales de todo el mundo.
La legislación sobre el ecocidio se suma a avances como:
- el aumento de los litigios relacionados con el clima y la biodiversidad contra empresas y directivos
- regímenes obligatorios de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, y
- el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible en numerosas jurisdicciones.
El rápido impulso que están cobrando las leyes sobre ecocidio a nivel internacional, regional y nacional implica que ayudar a los clientes a comprender y anticipar los avances relacionados con el ecocidio forma parte de un sólido proceso de análisis prospectivo, gestión de riesgos y gobernanza, lo que sitúa la legislación sobre ecocidio dentro de este contexto más amplio como el siguiente paso lógico en materia de responsabilidad medioambiental.
Los abogados internos y los profesionales del ejercicio privado que prestan asesoramiento a clientes del ámbito empresarial, financiero y de los seguros se encuentran en una posición privilegiada para ofrecer asesoramiento sobre la legislación en materia de ecocidio de forma constructiva y relevante desde el punto de vista comercial, contribuyendo así a integrar dicha legislación en un marco de estrategia empresarial responsable.
Las buenas noticias para los clientes
La ley sobre el ecocidio se centra en los daños más graves
La norma emergente se centra en los daños graves que sean generalizados o de larga duración, así como en las conductas ilícitas o temerarias, lo que supone un umbral mucho más elevado que el simple incumplimiento normativo. No está concebida para tipificar como delito todos los incidentes medioambientales, sino para abordar los casos más graves de destrucción ecológica.
Las empresas responsables son las que más tienen que ganar
- Unos límites penales claros marcan con mayor precisión la línea divisoria entre las buenas y las malas prácticas.
- Las empresas que ya invierten en normas medioambientales exigentes se benefician de unas condiciones de competencia más equitativas, ya que los competidores que toman atajos se enfrentan a consecuencias importantes.
- Contar ahora con una sólida gobernanza interna puede reducir significativamente la responsabilidad civil y el riesgo reputacional en el futuro.
Prepararse con antelación sale más barato que reaccionar a última hora
- El análisis de las operaciones en relación con los umbrales emergentes relacionados con el ecocidio ayuda a identificar actividades que constituyen «señales de alarma» antes de que se conviertan en activos varados o en focos de litigios.
- La integración de consideraciones relacionadas con el ecocidio en los procesos de diligencia debida, la documentación de financiación de proyectos, los seguros y las fusiones y adquisiciones puede realizarse de forma gradual, partiendo de los marcos existentes en materia de ESG y de riesgos.
